El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, volvió a descartar este jueves de manera categórica que la entidad emisoras legalice la circulación de los billetes sustraídos tras el accidente aéreo ocurrido la semana pasada en El Alto. No obstante, durante su informe ante el Senado, el funcionario deslizó que una convalidación de esos valores podría ser viable si es impulsada y aprobada por el Órgano Legislativo.
Ante la presión de diversos sectores sociales y parlamentarios, quienes solicitaron habilitar los billetes sustraídos para destrabar las transacciones comerciales afectadas por los controles de la Serie B, Espinoza fue enfático en señalar que los límites institucionales del ente emisor no lo permiten. “Con toda sinceridad, y también la del directorio del Banco, no podemos legalizar robos, no podemos legalizar algo que es ilegal”, aseguró ante los legisladores, de acuerdo con un reporte de la red Erbol.
La autoridad monetaria reconoció que validar los billetes observados facilitaría la circulación total de la Serie B, pero insistió en que esa decisión excede sus potestades. Indicó que se trata de una reflexión que corresponde a otras instancias del Estado. “Otras instancias, tal vez, puedan hacerlo; tal vez. en estas instancias parlamentarias”, afirmó el titular del BCB, dejando entrever que solo una ley o resolución del Congreso podría sortear el impedimento legal que hoy pesa sobre el dinero recuperado del siniestro.
En otro orden de cosas, Espinoza rechazó la posibilidad de anular toda la Serie B de billetes de 10, 20 y 50 bolivianos. Argumentó que tal medida implicaría un costo millonario, dado que el material ya fue adquirido y parte se encuentra en bóvedas o en circulación. Además, advirtió que la impresión y puesta en marcha de una nueva serie demoraría al menos un año y medio, lo cual agravaría la escasez de efectivo.
Espinoza, finalmente, subrayó que, al momento del accidente, los billetes aún eran propiedad de la empresa proveedora. A pesar de ello, sostuvo que la institución asumió responsabilidades que iban más allá de sus obligaciones contractuales para atender la emergencia y garantizar la estabilidad del sistema de pagos frente a las dificultades que reportan ciudadanos y comerciantes al intentar utilizar los valores de la serie afectada.