Un documento revelado este 23 de marzo expone presuntos acuerdos económicos entre Petrobras Bolivia y un comité de la comunidad de Saicán, que habrían facilitado la obtención de la Licencia Ambiental para el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3, en el área de San Telmo Norte, vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El acuerdo, firmado en octubre de 2023, establece que la empresa petrolera comprometió pagos de 400 mil bolivianos para la gestión 2024 y un monto similar para 2025, condicionados a la aprobación de la licencia ambiental y al inicio de las obras del proyecto exploratorio.
Según el documento, la comunidad de Saicán autorizó el ingreso de Petrobras para realizar estudios técnicos, levantamiento de datos y otras actividades necesarias para avanzar en el proyecto, incluyendo la elaboración del plan de desmonte y la ingeniería básica.
Sin embargo, la revelación ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, ya que se advierte que no se habría cumplido con una consulta previa, libre e informada con todas las comunidades potencialmente afectadas por la actividad hidrocarburífera.
Además, se señala que Petrobras habría reconocido únicamente a un “comité” como interlocutor válido, dejando al margen a otras comunidades del cantón Chiquiacá y de la región de Tariquía, lo que profundiza las críticas sobre exclusión y falta de participación.
El acuerdo también establece que los recursos económicos serían destinados a proyectos comunitarios previamente aprobados por la empresa, lo que ha sido interpretado como un mecanismo de condicionamiento para viabilizar la licencia ambiental.
Asimismo, el documento contempla beneficios adicionales como la priorización de mano de obra local, capacitación para comunarios y coordinación para la instalación de campamentos, siempre bajo criterios técnicos definidos por la empresa.
En el ámbito político, el presidente Rodrigo Paz se pronunció previamente sobre la necesidad de replantear la relación con empresas petroleras, insistiendo en que se respeten las áreas protegidas y se evite la negociación irregular de licencias ambientales.
Por otro lado, organizaciones y defensores ambientales denuncian una creciente criminalización contra quienes se oponen al proyecto, señalando que el conflicto ha escalado incluso hasta instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En contraste, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostiene que el pozo Domo Oso X3 se encuentra fuera de los límites de la reserva, aunque evita pronunciarse sobre los impactos ambientales indirectos que podría generar el desarrollo del proyecto en la zona.
(Fuente: Agencia de Noticias Ambientales)