Iván Lima, exministro de Justicia, advirtió que las acciones contra la magistrada Lilian Moreno son inconstitucionales porque nadie puede iniciar una acción penal a una juez de garantías sin que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie.
La juez Moreno fue aprehendida el lunes cuando se dirigía a su fuente de trabajo. Posteriormente, la
Policía la trasladó vía aérea hasta la ciudad de La Paz, donde el Ministerio de Justicia presentó una
denuncia por su resolución que favoreció a Evo Morales dentro de un caso que investiga su relación con una menor de 15 años en 2015.
El Consejo de la Magistratura también le abrió otro proceso penal por prevaricato y otro proceso
administrativo por faltas graves.
La jornada pasada, la audiencia de medias cautelares definió 30 días de prisión preventiva para Moreno en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz.
El exministro de Justicia explicó en Red Uno que la Sentencia Constitucional 629/2014 establece que
solamente amerita un proceso si el TCP decide confirmar, revocar o definir en última instancia qué es lo que va a pasar con ese juez.
“El Tribunal Constitucional ha dejado claro que en tanto ellos no revisen, no se pronuncien y no decidan, nadie puede juzgar a un juez de garantías. Esta señora, la juez Moreno, es una juez de garantías; y, por lo tanto, no era posible iniciarle una acción penal hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie”, resaltó.
La exautoridad observó que el TCP no revise el tema desde octubre del año pasado, cuando su plazo
para resolver ese caso era de 40 días; además, criticó que algunos magistrados estén en Brasil cuando existe una amplia carga procesal de más de 9.000 casos que esperan ser resueltos en esa instancia.
“Está sorteado el expediente de La Paz, está sorteado el expediente de Santa Cruz, ¿por qué no han
resuelto en siete meses esto? Acá están acusando a una juez de incumplimiento de deberes. ¿Quién
incumple más deberes, el que se toma más de siete meses cuando tienes 40 días, o la juez que dictó
una resolución?”, cuestionó Lima.
En criterio del ministro, la agravante en el caso de la juez Moreno es que fue trasladada desde Santa
Cruz hasta La Paz, donde se determinó su detención preventiva por un delito que no admite ese tipo de medidas cautelares.