La muerte de un trabajador minero, arriesgada diariamente en los oscuros y peligrosos socavones de Potosí, se cierra con un pago de 60.000 bolivianos, entre los derechos habientes y las cooperativas mineras. Así lo establece la fría negociación que, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley General del Trabajo, otorga a los familiares una indemnización equivalente a 24 salarios mínimos.
Sin embargo, esta compensación, que busca mitigar el dolor, solo ha llegado a 20 familias de los 103 mineros que han perdido la vida este año en las distintas minas de Potosí.
Freddy Prudencio Jiménez, director departamental del Trabajo, informó que solo se presentaron 20 denuncias formales, y en todos esos casos se logró la indemnización correspondiente. Pero para las 83 familias restantes, la muerte de sus seres queridos parece haber quedado en la sombra.
Estas muertes estarían impunes, ya sea porque los familiares no denunciaron o porque habrían llegado a acuerdos informales con los dueños de las cooperativas o empresarios mineros, una realidad que expone la precariedad y la desprotección de los trabajadores del subsuelo.
«Eso es lo que cuesta (Bs 60.000). Lamentablemente, la vida no se puede cuantificar, pero
tratamos de restituir este derecho de los trabajadores», afirmó Jiménez, reconociendo que los montos de indemnización suelen pagarse en dos o tres cuotas a lo largo de un año, dificultando aún más la situación de las familias que han perdido a su sostén.