La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria acusó a los jueces de otorgar a reclusos detenciones domiciliarias con escolta policial para eludir responsabilidades al sacarlos de la cárcel. “Es muy sencillo otorgar estos beneficios desde un escritorio”, criticó a los jueces el director nacional de esta unidad policial, coronel Hernán Romero.
En una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, la autoridad de la seguridad penitenciaria, se refirió ampliamente a la situación carcelaria y deslizó varios datos.
Por ejemplo, afirmó que hasta el 1 de marzo de 2020 la población carcelaria no sobrepasaba los 17.000 privados de libertad y a marzo de este 2023 ya hay más de 24.000 internos en las 40 cárceles del país. “Yo no sé qué está pasando en los ámbitos del Órgano Judicial o es que se está incrementando (porque) a todo le dan detención preventiva, no hay una valoración fáctica, jurídica y lógica para emitir una resolución o es que Bolivia ha cambiado tanto y todos son delincuentes, peligrosos y todos van a las cárceles. Habrá que hacer una reflexión”, señaló.
El coronel Romero recalcó que en los últimos tres años se incrementó de manera “alarmante” la población carcelaria, mientras las condiciones de las prisiones siguen siendo las mismas.
“Entre 2020 y 2023 no se inauguró ningún recinto penitenciario en el país, no se ampliaron las condiciones”, remarcó.
Citó como ejemplo del insostenible hacinamiento el caso del penal de San Pedro (La Paz), donde más de 3.300 privados de libertad están instalados en un manzano de 10.000 metros cuadrados de superficie.
“Ahí no se pueden desarrollar actividades deportivas, económicas productivas y sociales. Es un recinto paupérrimo, arcaico, construido en 1860 en la época de (Mariano) Melgarejo (que gobernó el país entre 1864 y 1871) cuando estaba en condiciones de acoger a unos 500 reos”, comparó.
Sin embargo, el titular de Seguridad Penitenciaria expresó que no por esta situación pueden justificar los hechos de corrupción o cualquier acto de vulneración a los derechos humanos cometidos por efectivos policiales.
Aseguró que habrá una “depuración” de malos uniformados.
El sistema penitenciario del país cuenta con 36.000 efectivos policiales, número que, según el coronel Romero, no incrementó desde finales de 2019. Romero reconoce que si bien es necesaria una mayor asignación de personal, también urgen algunas correcciones a nivel de la justicia.
En ese marco, puntualizó el oficial, por más que se aumente el número de policías en las prisiones, estas seguirán estando hacinadas si los jueces siguen exigiendo la escolta para la detención domiciliaria.
“Incesantemente, sin la sensatez, estos señores del Órgano Judicial siguen exigiendo que existan más policías de escolta para detención domiciliaria”, cuestionó la autoridad.
El coronel Romero manifestó su molestia contra aquellos jueces que les amenazan con procesos por incumplimiento de deberes, por no cumplir sus órdenes “cuando sabemos bien que, de manera insensata, se dan estos beneficios de la detención domiciliaria con escolta policial a los privados de libertad”.
¿Acaso la inversión no debe ir en otro sentido?, se preguntó. “Tiene que haber más policías para seguridad ciudadana, para seguridad de los penales y no para los privados de libertad de manera individual”, insistió.
“Les lanzo una pregunta” dijo. “Si seguimos en esa línea por qué no cerramos las cárceles y que todos salgan con detención domiciliaria, y bueno triplicaremos los efectivos de la Policía, ya no serán 35.000 sino 100 mil y que los jueces sigan dictando detenciones domiciliarias y habrá más privados de libertad con escolta en sus casas”, sentenció.