La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el 30 de enero al Ministerio Público, que tome declaración a diez miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) que participaron de las reuniones de pacificación del país en 2019.
Este pedido generó diversas reacciones como la de Susana Rivero, la exdiputada del MAS que en noviembre de aquel año fue parte de esas conversaciones.
La exparlamentaria señaló que los líderes de la Iglesia católica de ese entonces “no tienen nada que aportar” en la investigación porque tienen una posición política y “siempre están al lado de grupos conservadores”.
“Tremendo alboroto provocó Procuraduría proponiendo que miembros de Iglesia Católica declaren en un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías de caso, no para lograr titulares”, publicó Rivero en Twitter.
Rivero considera que Iglesia católica tiene una posición política y mencionó que en “homilías arremeten dando línea contra el Gobierno, órganos de Estado, siempre están al lado de grupos conservadores, mudos cuando secuestran personas en paros y por eso mismo no tienen nada que aportar”.
La Procuraduría insiste en que obispos sean convocados a declarar por su participación en las reuniones desarrolladas en la Universidad Católica, donde se discutió salidas a la crisis política de 2019.
Rivero señaló que la investigación por el caso “Golpe I” debe avanzar con seriedad y objetividad. “Creo que a estas alturas ya se sabe quién pagó militares y activistas para venir a La Paz a subvertir el orden constitucional”, agregó.