
Analistas y expertos coincidieron en entrevista con ANF que el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia e Israel carece de beneficios tangibles para el país y, por el contrario, podría implicar riesgos en su posicionamiento internacional y en su economía.

Luis Paz, del Observatorio de Economía Política de la UMSA, sostuvo que el acercamiento responde principalmente a una lógica política de inserción internacional bajo el lema gubernamental de “Bolivia al mundo y el mundo para Bolivia”. Sin embargo, aclaró que, en términos económicos, el panorama es incierto.
“No existe un relacionamiento comercial de manera permanente”, señaló, al tiempo que advirtió que tampoco se identifican beneficios inmediatos.
El analista explicó que Bolivia no cuenta con antecedentes comerciales sólidos con Israel, lo que dificulta proyectar un intercambio provechoso. “Estamos en una etapa inicial de relacionamiento diplomático. Recién después se podrá evaluar si existen ventajas comparativas o competitivas”, afirmó.
A esto se suma la distancia geográfica y la falta de historia comercial, factores que incrementan la incertidumbre sobre la viabilidad de un vínculo económico sostenido.
Una postura más crítica es la de Rolando Morales, catedrático y analista económico, quien es categórico al afirmar que no existe “absolutamente ningún beneficio” para Bolivia en esta relación. Según su análisis, los vínculos económicos entre ambos países son inexistentes o, en el mejor de los casos, “verdaderamente mínimos”.
Morales minimizó incluso el impacto del turismo israelí en Bolivia, que en años anteriores se concentraba en destinos como el Madidi. “Eran apenas 100 o 200 mochileros, algo que no significaba gran cosa para la economía nacional”, sostuvo.
En su criterio, el acercamiento responde más a presiones externas, particularmente de Estados Unidos, que a intereses propios del país.
El experto también advirtió sobre un posible costo reputacional. Consideró que retomar relaciones con Israel, que tiene un presidente acusado de genocidio y con orden internacional de detención, en medio de los conflictos en Medio Oriente, podría afectar la imagen internacional de Bolivia.
“Es una decisión muy mal vista a nivel mundial”, señaló, aludiendo a las críticas internacionales contra el Estado israelí. En ese contexto, afirmó que el país podría quedar “muy mal parado” ante la opinión pública global.
Por su parte, el analista económico Martín Moreira calificó la decisión como un “autogol” para la economía boliviana. Argumentó que la balanza comercial es desfavorable, ya que Israel no importa productos bolivianos, mientras que Bolivia sí consume bienes vinculados a ese país a través de grandes corporaciones.
Moreira advirtió además que este alineamiento podría alejar a Bolivia de socios estratégicos clave como China, Rusia o el bloque BRICS, mercados que sí demandan productos nacionales. Incluso mencionó el riesgo de tensiones con países como Brasil, cuyo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido una postura crítica frente a Israel.
El analista también puso en alerta sobre posibles implicaciones en sectores estratégicos. Citó el caso de Argentina, donde una empresa israelí participa en la gestión del agua potable, y advirtió que intereses externos podrían centrarse en recursos naturales bolivianos, como minerales y agua dulce, sin garantizar transferencia tecnológica ni desarrollo industrial.
En un contexto global marcado por cambios en el orden económico, Moreira consideró que Bolivia corre el riesgo de quedar rezagada. “El mundo se encamina hacia una nueva configuración multipolar, y esta decisión puede dejarnos fuera del tablero”, afirmó, descartando además la llegada de inversiones o divisas frescas.
La relación entre Bolivia e Israel ha estado marcada por altibajos en las últimas dos décadas. Durante el gobierno de Evo Morales, ambos países rompieron relaciones en 2009 tras la ofensiva en Gaza. En 2019, la administración transitoria de Jeanine Áñez restableció los vínculos, que nuevamente se rompieron en 2023 bajo el gobierno de Luis Arce.
El restablecimiento definitivo llegó en 2025 con la administración de Rodrigo Paz, que impulsó acuerdos para reabrir embajadas y fortalecer la cooperación en áreas como tecnología, agricultura y turismo. No obstante, para los expertos, estos anuncios aún no se traducen en beneficios concretos.