La Defensoría del Pueblo ha manifestado su «extrema preocupación» por las recientes decisiones judiciales en el caso Senkata y ha elevado un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre el riesgo de impunidad.
A través de un comunicado, la entidad informó a la CIDH sobre la anulación del juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, que ahora será procesada en un juicio de responsabilidades. La Defensoría considera que estas decisiones podrían «generar espacios de impunidad y vulnerar los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva».
La entidad defensorial también recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó una investigación seria y exhaustiva de los hechos de 2019, respetando el debido proceso y los derechos de las víctimas. Además, la Defensoría ha solicitado a varias instituciones que informen sobre las medidas de protección para las víctimas y testigos en el caso Senkata.