Un dron sobrevoló la finca “Karina” y dejó al descubierto lo que a nivel de tierra resultaba imposible de dimensionar: una playa sobre el río Bermejo repleta de vehículos y gomones que cruzaban desde Bolivia cargados de mercadería, reseña un reporte de La Nación de Argentina.
El predio, a dos kilómetros del paso formal de Aguas Blancas, funcionaba como un puerto clandestino que movía un flujo comercial ilegal valuado en unos 3,13 millones anuales de dólares.
Según le medio argentino, tras una investigación iniciada el 26 de mayo, el fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero, imputó a 11 personas –una de ellas policía provincial– por asociación ilícita y contrabando agravado.
La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dictó la prisión preventiva para todos y dispuso la clausura del predio, con custodia permanente de Gendarmería.
Según la pesquisa, la organización cobraba unos 2 dólares por vehículo en la entrada y 1 dólar por cada bulto de mercadería en la playa del río, además de un canon diario de alrededor de 21dólares a cada uno de los seis puestos de comida instalados en el lugar. Con un promedio de 300 vehículos diarios, cada uno con diez bultos, la recaudación superaba los 12.000 dólares por día, excepto los domingos, cuando la finca cerraba.
El operativo, realizado el 4 de agosto, movilizó a 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, Aduana y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Entre los principales responsables figura Alfredo Salazar, residente en Bolivia, acusado de coordinar el envío de mercadería ilegal desde ese país, cuya captura aún está pendiente.
Para la Justicia argentina, el caso no es un hecho aislado, sino parte de una estructura de contrabando que opera con complicidad local y vínculos internacionales, y que alimenta un comercio informal tolerado en la frontera.
La investigación continúa y se prevén nuevas imputaciones.