La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este jueves que la decisión del Gobierno de consultar en un referéndum la continuidad o no de la subvención a los combustibles busca evitar repetir los errores cometidos en 2010 durante el gobierno de Evo Morales, cuando el denominado “gasolinazo” provocó fuertes protestas sociales y una crisis política.
Prada recordó que en diciembre de 2010, con Morales fuera del país, su gobierno aprobó un decreto que eliminaba la subvención a los carburantes y dejó al exvicepresidente Álvaro García Linera al frente del país para enfrentar las consecuencias.
No haber consultado a la población y esa abrupta decisión desataron manifestaciones que resultaron en heridos y detenciones, recordó la Ministra.
En ese sentido, subrayó que la experiencia de 2010 demuestra la necesidad de involucrar al pueblo en decisiones críticas para la economía del país.
“Es una medida que se la toma (en 2010), por supuesto, sin involucrar al pueblo en la decisión, siendo que el tema de la subvención y el combustible hace a la economía diaria de las familias bolivianas”, explicó Prada. “Las protestas sociales iban en ascenso, hubo heridos, detenidos, y eso es lo que el presidente Lucho está buscando evitar”.
En ese sentido, destacó que, en contraste con la gestión de Morales, el presidente Luis Arce busca permitir a los bolivianos opinar sobre la subvención a través de un referéndum.
“La lección que nos dio la historia es que estas decisiones se toman conjuntamente con el pueblo”, dijo Prada, y en función de una pregunta, “de manera informada”.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón afirmó que no se pueden llevar adelante las elecciones judiciales y a la vez otro proceso electoral porque no lo permite el artículo 182, numeral II, de la Constitución.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”, dice ese artículo.
Alarcón advirtió, en consecuencia, que ello implicaría una violación de la Constitución.
El ministro de Justicia, Iván Lima, al referirse al referéndum que planteó Arce el 6 de agosto, afirmó el miércoles que la subvención costará este año $us 4.000 millones.