El tribunal decidió suspender la audiencia luego de que los acusados presentaron una excepción de incompetencia, planteando que el caso debía ser derivado a la jurisdicción indígena originaria campesina
Una nueva maniobra legal amenaza con dilatar el juicio oral contra los acusados del violento secuestro de periodistas en el caso Las Londras.
Tres de los imputados —que estuvieron prófugos por más de dos años— se presentaron recientemente ante un tribunal de justicia indígena y solicitaron que esta instancia se declare competente para juzgar el caso, lo que ha generado un conflicto de jurisdicción que podría paralizar el proceso durante tres meses o un año.
La denuncia fue realizada por los abogados Raquel Guerrero y Roberto Méndez, representantes de las víctimas y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, quienes calificaron esta acción como «una chicana jurídica» destinada a evitar la condena de los autores.
“Estos señores han estado en rebeldía todo este tiempo, y ahora se apersonan recién en la etapa final del juicio, buscando refugiarse en la justicia comunitaria para evitar una sanción real”, afirmó Guerrero.
Según explicó Guerrero, los acusados Heber Sixto Canaza, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada presentaron un incidente de excepción solicitando que el caso pase a la justicia originaria campesina.
El abogado Roberto Méndez detalló que el juicio oral había sido reinstalado este martes con la presencia de dos los cinco acusados, Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira Escalante, en el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción, que está compuesto por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa, esta última su presidenta.
Las víctimas trasladaron a sus testigos a la audiencia, incluyendo al piloto de una de las camionetas interceptadas por los avasalladores. Sin embargo, al iniciar la sesión, la presidenta del tribunal informó que los tres acusados prófugos habían enviado un documento escrito solicitando sumarse al proceso.
“Los tres acusados no se presentaron físicamente, como corresponde. El fiscal pidió que se los declare rebelde, se les multe y se continúe con el juicio, pero esa solicitud no fue aceptada”, señaló Roberto Méndez.