La comisión de fiscales que impulsó al menos 12 causas penales contra el alcalde de Cochabamba y ahora precandidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, busca reactivarlos con una acción de amparo para que el exprefecto sea procesado en la vía ordinaria y no así en un juicio de responsabilidades, tal como estableció una sentencia del TCP.
La decisión está en manos de una sala constitucional de Cochabamba, que debe resolver la acción de amparo interpuesta por cuatro fiscales de materia quienes demandaron dejar sin efecto un auto de vista de la Sala Penal Segunda que, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0405/2023 del TCP, dispuso la remisión de las denuncias contra Reyes Villa a la Fiscalía General del Estado al haberse declarado nulo todo el proceso penal por falta de competencia de la jurisdicción ordinaria.
En primera instancia, el 1 de agosto de 2023 la Sala Constitucional Primera de Cochabamba declaró improcedente la acción de amparo de los fiscales con el argumento de que no es posible revisar, mediante una acción tutelar, el cumplimiento o incumplimiento de lo ya resuelto.
Esa resolución llegó en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Comisión de Admisión, mediante el Auto Constitucional 0226/2024, del 16 de agosto de 2024, que fue notificado el miércoles pasado, revocó la determinación de la sala constitucional y la conminó a admitir, tramitar y pronunciarse con una sentencia concediendo o denegando la tutela.
El 31 de mayo de 2023, el TCP emitió una sentencia en la que estableció la nulidad de 12 procesos penales que seguía el Ministerio Público contra el exprefecto cochabambino por presuntos hechos de corrupción.
Aquel año, resolvió que las denuncias sean tramitadas en un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia, si existe materia penal.
La Ley 2445, que fue declarada inconstitucional, especificaba que ese procedimiento especial denominado juicio de responsabilidades era aplicable al presidente, vicepresidente, ministros y prefectos (ahora gobernadores).
Sin embargo al haber sido declarada inconstitucional la ley 2445, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar modificaciones a esa norma que establecía juicio de provilegio también para los prefectos, ahora gobernadores.
El Auto Constitucional 0226/2024, del 16 de agosto, notificado casi seis meses después, lleva la firma de los miembros de la Comisión de Admisión: Brígida Celia Vargas (Presidenta), Petronilo Flores y Gonzalo Hurtado.