La falta de claridad en el reglamento, deficiencias en la normativa para las impugnaciones y la escasez de criterio para la evaluación, son algunos de los aspectos que observó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Asimismo, la CIDH tomo en consideración una serie cuestionamientos sobre una alegada falta de claridad en los reglamentos internos para la preselección de candidaturas; deficiencias normativas para la resolución de impugnaciones durante la preselección; falta de criterios objetivos en la evaluación de los perfiles; y deficiencias en la fase de entrevistas, entre otros desafíos”, señala parte del informe.
En febrero de este año, la Asamblea Legislativa solicitó a la CIDH su participación como veedor en ese proceso. En ese marco, el organismo internacional acordó con el Estado realizar una cooperación técnica con la ALP, en el que incluye la elaboración de una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas, además de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes para el sector de la justicia.
El documento consta de 21 páginas, ocho partes: antecedentes de la cooperación técnica,
mandato de cooperación de la CIDH, objeto y metodología, desafíos estructurales del sistema de justicia que condicionan el proceso de selección de autoridades, proceso institucional de selección judicial y el proceso de selección de precandidaturas.
En ese sentido, también considera que el Estado debe garantizar el nombramiento de nuevas autoridades en el marco de la idoneidad y no bajo lineamientos políticos, para transparentar el proceso.
“Resulta indispensable que se cumplan principios como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de las personas candidatas; la participación de la sociedad civil; y la calificación con base en el mérito y las capacidades profesionales. Este llamado resulta de especial trascendencia en el proceso actual, que ha estado marcado por un elevado nivel de acciones judiciales de índole constitucional y, especialmente, por falta de consensos políticos dentro de la Asamblea, incluso entre integrantes de las mismas fuerzas políticas”, dice el documento.
En ese sentido, en el mismo documento establecen los estándares interamericanos y lineamientos de políticas públicas, con enfoque de derechos humanos que deben prevalecer en un proceso de elección de las altas autoridades de justicia.
Hace énfasis en nueve puntos, entre ellos, perspectiva de género, considera que el Estado debe generar los mecanismos para una amplia participación de mujeres en la preselección de candidatos, tomando en cuenta que se registró un conflicto por la baja cantidad de postulantes mujeres.
“A nivel de políticas públicas y normativas aplicables a la participación pública, se recomienda al Estado adoptar las medidas pertinentes para garantizar la igualdad de género en el género proceso de preselección de personas candidatas”, señala.